Expolición
Transmutación sexenal
(los gorilas del Secretario)
Amado Sanmartín Hernández
La reorganización de la sociedad civil para la defensa de sus derechos y libertades, ha despertado inquietud en el régimen morenista de Oaxaca, pues considera un peligro y una amenaza que los pueblos tengan aspiraciones democráticas y de justicia social. Aunque éste súbito despertar de organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas e indígenas, uniones de comerciantes… parece nuevo, la verdad es que desde hace mucho tiempo vienen enfrentando serios y graves obstáculos por parte del régimen para solucionar sus crisis, que cada vez se profundizan o permanecen in situ ante la ausencia de políticas sociales que resuelvan la problemática de estas capas de la sociedad. Diversas organizaciones en su análisis de la situación actual no sólo del Estado, sino del país, llegaron a la conclusión de que lo que ahora se enfrenta es el avance capitalista que se centra en el despojo de territorios enteros, como es el caso del Istmo de Tehuantepec, con la instalación del corredor interoceánico, por su situación geográfica estratégica en el desarrollo de los planes neoliberales, que apuntala e impulsa la administración morenista, promoviendo reformas y leyes para legitimar la explotación y el despojo de tierras, aguas, bosques y minerales, con el perverso argumento de contribuir al desarrollo social y económico de México, disfrazando estos avances como proyectos estratégicos… (¿para quienes?). Pero el gobierno de Oaxaca no solo impulsa, sino que asume al pie de la letra esas leyes y reformas que lo convierten en cómplice del despojo y la explotación que aumenta el capital global a costa de los estragos y destrucción generada por las empresas transoceánicas y los inversionistas nacionales. Y son estas obras realizadas por el neoliberalismo y con presupuesto federal de las que no deja de presumir el Gobernador del Estado, aunque en otros proyectos ha tenido sendos fracasos como son, por ejemplo el intento de privatizar las tierras comunales y ejidales, entre otras, a pesar de que el Rasputín del mandatario, el tal Geovany ha dicho que “todo lo que está dentro del Estado de Oaxaca, le pertenece al gobierno”. Ante esta reorganización de la sociedad civil, el gobierno morenista de Oaxaca, parece desconocer este nuevo movimiento en ciernes, pero en el fondo está considerando el peligro que significa el descontento popular que despertaría por no oir y solucionar oportunamente las problemáticas y crisis que la comunidad le llegue a plantear. La solución parece fácil, porque sólo habría que cumplir con la Ley, pero no para quienes hace tres años llegaron al poder sin poderse quitar los lodos de los pantanos de la corrupción de donde provenían.
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SIN duda que la reorganización social causará muchos dolores de cabeza al régimen de Oaxaca, que han declarado que las exigencias primordialmente serán de corte político, por lo que el secretario de gobierno tendrá que olvidar sus amenazas de restringir techos financieros o negarles recursos económicos, como ha advertido a las organizaciones, que solo se acercan a pedir dinero y a quienes amaga con exhibirlas ante la opinión pública; pero mas frecuentemente dice que les iniciará una carpeta judicial a los líderes sociales que encabezan o promueven estos movimientos, pues ya tiene fotografías y videos con qué identificarlos. La secretaría de gobierno más bien parece un centro de espionaje y no una dependencia cuya función principal es la seguridad de la población, la que se encuentra indefensa ante los peligros que representan la delincuencia organizada y las corporaciones que deberían salvaguardar el orden, cuyos cuarteles están llenos de indeseables antropoides que no mejoran su calidad de servicio a pesar de los grandes recursos que se invierten para su perfeccionamiento y capacitación. Esta acción gorilesca de los policías que dependen de las secretarías de gobierno y de seguridad pública ha quedado demostrada cuando el jueves último en jurisdicción de Miahuatlán unos militantes de la alianza de la Asamblea de Pueblos fueron interceptados y al pedir explicación, fueron amagados con armas y golpeados brutalmente, entre ellos Esaú Juárez Martínez y Mariano Sánchez Martínez. A ver qué argumenta ahora el “pirómano social”, o sea el secretario de gobierno para justificar la agresión perpetrada por sus simios, seguramente que culpará y criminalizará a las víctimas, a las que incluso puede iniciarles una carpeta judicial. La corrupción y el abuso del poder en anteriores regímenes ha transmutado de sexenio en sexenio hasta la actual administración morenista.
So long.
