En una entidad con una historia marcada por la movilización social y la pluralidad de intereses, mantener el equilibrio requiere operación política permanente.
La Secretaría de Gobierno, encabezada por Jesús Romero López, ha optado por una estrategia basada en el diálogo y la atención temprana de los conflictos, evitando que las diferencias escalen a escenarios de confrontación.
Gracias a estas condiciones, Oaxaca se encuentra desarrollando un ejercicio democrático inédito: la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, quien decidió someterse al escrutinio ciudadano a la mitad de su administración. Más allá del resultado, el dato relevante es que el proceso se lleva a cabo sin crisis mayores, sin parálisis institucional y sin un ambiente de tensión generalizada.
Que una consulta de esta naturaleza avance en calma habla de algo más que de voluntad política. Refleja un entramado institucional que, con aciertos y límites, ha sabido contener presiones sociales y canalizar inconformidades por la vía política. La Secretaría de Gobierno ha mantenido comunicación con comunidades, organizaciones y actores políticos, priorizando acuerdos antes que imposiciones.
Esto no significa que Oaxaca esté libre de problemas o inconformidades. Sería irreal afirmarlo. Lo que sí es evidente es que existe una capacidad para administrar los conflictos y reducir su impacto en la vida cotidiana.
Esa gobernabilidad silenciosa es la que permite que las calles sigan transitables, que las comunidades mantengan sus dinámicas y que el estado no se vea atrapado en una espiral de confrontación.
La revocación de mandato, además de evaluar a un gobernador, pone a prueba la solidez de las instituciones. Oaxaca enfrenta este reto en condiciones de estabilidad, lo que abre una discusión necesaria: en un país acostumbrado al ruido político, la paz social también es un indicador que merece ser observado y analizado.
