* Se busca dignificar y consolidar el servicio social como una experiencia profesional reconocida
Para contribuir en la formación académica y el acceso al empleo digno, en Sesión Ordinaria del Congreso local, se presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Oaxaca.
El objetivo de la iniciativa es establecer el reconocimiento del servicio social como experiencia laboral, a fin de que el tiempo, las actividades y las competencias desarrolladas durante su prestación puedan ser acreditadas como parte de la trayectoria profesional de las y los estudiantes y profesionistas en formación.
Se trata de una modificación de carácter normativo que aprovecha estructuras, procedimientos y actividades ya existentes, por lo que no genera impacto presupuestal, no compromete recursos del erario y no afecta las finanzas públicas del Estado.
De acuerdo con estadísticas, solo el 17.6 por ciento de las y los estudiantes en Oaxaca logran acceder a la educación superior, y el abandono en este nivel educativo alcanza el 12.1 por ciento, por ello, la propuesta coadyuva a optimizar el valor social y formativo de una actividad que actualmente se realiza de manera obligatoria dentro del marco legal vigente.
La iniciativa fue presentada por la diputada Dulce Alejandra García Morlan de Movimiento Ciudadano (MC) y el ciudadano Geovanny Manzano Calvo, en la exposición de motivos ante el Pleno, la legisladora señaló que para las y los estudiantes oaxaqueños, el servicio social representa su primer acercamiento formal al mundo profesional, cumpliendo jornadas, asumiendo responsabilidades y aportando al funcionamiento de instituciones públicas y sociales.
Sin embargo, esta experiencia pocas veces es reconocida por los empleadores, dejando a los jóvenes en una situación de vulnerabilidad al egresar.
García Morlan dijo que es indispensable que el marco normativo de Oaxaca responda a las realidades de las personas jóvenes, como en los estados de Guanajuato y Baja California Sur, en donde ya han aprobado medidas similares, alineándose con tendencias nacionales e internacionales de justicia social.
La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para su análisis y dictamen correspondiente.
