* La reforma al artículo 127 constitucional busca corregir desigualdades y garantizar sostenibilidad financiera
* Jubilaciones no podrán exceder de la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal
En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó, con 39 votos a favor, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer límites a las jubilaciones y pensiones financiadas con recursos públicos, a fin de garantizar un uso responsable del presupuesto y corregir desigualdades en el sistema.
La reforma dispone que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en entidades públicas no podrán exceder de la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente. Esta medida será aplicable a organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y entidades de los tres órdenes de gobierno.
El dictamen de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales precisa que esta modificación no elimina derechos adquiridos ni desconoce el acceso a la seguridad social, sino que busca establecer criterios de proporcionalidad, equidad y sostenibilidad financiera. Asimismo, se identifican antecedentes en los que esquemas de retiro han representado cargas significativas para las finanzas públicas, afectando la eficiencia del gasto.
De igual forma, se establecen exclusiones específicas del límite constitucional, entre ellas: las pensiones de las Fuerzas Armadas; aquellas derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro; las originadas en esquemas complementarios con aportaciones sindicales; y la pensión no contributiva para personas adultas mayores prevista en la Constitución.
En su participación, el diputado Benjamín Viveros Montalvo, presidente de la Comisión dictaminadora, señaló que la reforma responde a la necesidad de eliminar privilegios y corregir distorsiones en el sistema de pensiones públicas, destacando que en administraciones pasadas se permitieron beneficios desproporcionados que afectaron las finanzas del Estado.
Por su parte, la diputada Dulce Alejandra García Morlan, de Movimiento Ciudadano, manifestó su respaldo a la minuta al considerarla necesaria para atender un problema estructural del país, e hizo un llamado a fortalecer la certeza jurídica, la transparencia y la equidad en la aplicación de esta norma.
En tanto, la legisladora Melina Hernández Sosa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el diputado Mauro Cruz Sánchez, del Grupo Parlamentario Plural coincidieron en que esta reforma representa un avance significativo hacia la justicia social, al poner fin a privilegios y establecer límites a pensiones elevadas en el servicio público.
La diputada María Eulalia Velasco Ramírez, del Grupo Parlamentario Fuerza por Oaxaca, sostuvo que la modificación constitucional atiende una demanda ciudadana legítima para erradicar excesos y fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado.
Asimismo, los diputados Dante Montaño Montero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y el legislador Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestaron su voto a favor.
