* La presidenta de la Jucopo, Tania Caballero Navarro, afirmó que esta normativa constituye un paso trascendental para responder a uno de los delitos que más ha afectado el tejido social.
Ante la expedición de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión del Estado, el diputado Benjamín Viveros Montalvo indicó que esta norma responde al mandato legal de armonizar la normativa estatal con los criterios nacionales y fortalecer la concurrencia institucional en la prevención del delito de extorsión.
Subrayó que el nuevo marco jurídico permitirá a las autoridades actuar con eficacia y objetividad frente a este delito, al dotarlas de herramientas claras y procedimientos homologados. Agregó que la creación del Centro de Atención de Denuncias garantiza atención inmediata a las víctimas, lo que representa un avance sustancial en la protección de la ciudadanía.
Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro afirmó que esta ley constituye un paso trascendental en la consolidación de un andamiaje jurídico moderno y eficaz, capaz de responder a uno de los delitos que más ha afectado el tejido social y la economía familiar en los últimos años.
Reconoció que la Ley General marcó un punto de inflexión en el país al visibilizar conductas que no habían sido adecuadamente contempladas en los marcos locales. En este sentido, resaltó que la nueva legislación oaxaqueña se enmarca en la agenda nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a fortalecer la seguridad, la legalidad y la protección a las víctimas.
Señaló que la extorsión, en todas sus modalidades, ha vulnerado la vida comunitaria, inhibido el desarrollo del comercio local y golpeado directamente a quienes dependen de su trabajo diario, especialmente en regiones donde la economía se sostiene en actividades como el transporte, el comercio, la artesanía y el trabajo comunitario. Recordó que durante años este delito se vio favorecido por vacíos normativos y capacidades institucionales limitadas.
La citada ley fue aprobada en Sesión Extraordinaria con 31 votos, y establece la organización, coordinación y funcionamiento de las instituciones estatales y municipales en prevención, investigación, persecución y atención de este delito.
Con esta normativa, las autoridades ministeriales y judiciales contarán con herramientas adecuadas para investigar y sancionar esta conducta, se fortalecen los mecanismos para el aseguramiento o bloqueo de recursos financieros provenientes de actividades extorsivas, y la protección de víctimas y testigos. Además, se contemplan modalidades de extorsión cometidas a través de medios tecnológicos, plataformas digitales o comunicaciones electrónicas.
