* La iniciativa establece de forma expresa que la pasividad o la falta de resistencia física no constituyen una manifestación de la voluntad
Con el fin de fortalecer la protección jurídica de las niñas, niños, adolescentes y mujeres de la entidad, la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Partido Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones al Artículo 241 del Código Penal para el Estado, orientada a castigar el abuso sexual de manera clara y prohibir que la pasividad o el silencio de las víctimas sea interpretado como consentimiento.
El eje principal de la propuesta establece explícitamente que en los casos de abuso sexual no se considerará que exista consentimiento válido cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada mediante violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad.
De manera trascendental, la reforma mandata que el consentimiento bajo ninguna circunstancia podrá presumirse a partir del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima. La propuesta legislativa plantea actualizar el tipo penal para armonizarlo con el marco federal y los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, el proyecto incrementa las sanciones vigentes para este ilícito, proponiendo una pena de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). De igual forma, en concordancia con las medidas de no repetición y la búsqueda de una igualdad sustantiva, el decreto añade la obligación para los agresores de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres, o bien, prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. Se estipula además que este delito se perseguirá estrictamente de oficio.
De acuerdo con la diputada promovente, el espíritu de esta reforma se sustenta en la urgencia de actualizar los marcos jurídicos para eliminar ambigüedades, cerrar vacíos legales y asegurar la protección de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Los avances en otros países muestran que es indispensable reformar los códigos penales para garantizar estándares más altos de protección, particularmente en lo relativo al consentimiento y a la forma en que éste es interpretado en casos de violencia sexual.
“Interpretar el silencio como consentimiento no solo contraviene los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, sino que desconoce las dinámicas de miedo, intimidación, manipulación o asimetría de poder que suelen estar presentes en los contextos de abuso sexual infantil”, externó la legisladora.
La presente iniciativa fue presentada en Sesión Ordinaria el 03 de marzo del año en curso, y se turnó para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.
