Con el objetivo de ordenar el crecimiento de las nuevas modalidades de transporte urbano y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, la diputada María Francisca Antonio Santiago, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó en Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente una iniciativa para regular los vehículos de micromovilidad eléctrica e instaurar el primer Registro Estatal de Vehículos Eléctricos Personales.
El Proyecto de Decreto contempla diversas adiciones y reformas a la Ley de Movilidad y a la Ley de Tránsito y Vialidad, mediante las cuales se busca incorporar formalmente el concepto de "Transporte Ligero de Micromovilidad". Este esquema abarca a los dispositivos de corta distancia como monopatines, scooters, patinetes, ciclomotores y bicicletas que operan con energía eléctrica o propulsión humana.
En la exposición de motivos, la diputada señaló que, si bien la electromovilidad representa una alternativa económica, eficiente y ambientalmente sostenible para desahogar las vialidades, su acelerada adopción sin una normativa clara ha detonado un alza en los accidentes de tránsito y dificultades para deslindar responsabilidades por falta de identificación oficial de las unidades.
Como eje central de este ordenamiento, el proyecto de decreto estipula la creación del Registro Estatal de Vehículos Eléctricos Personales. Esta disposición mandata la obligatoriedad de inscribir dichas unidades ante la Secretaría de Movilidad (Semovi), con el fin de consolidar un padrón confiable que facilite tanto la planeación eficiente de la infraestructura vial como la prevención del delito en la entidad.
Asimismo, la propuesta enfatiza la seguridad vial al establecer como requisito indispensable el uso de casco protector certificado para todos los conductores de estos dispositivos. Con esta medida se busca disminuir de forma drástica la gravedad de las lesiones craneoencefálicas derivadas de incidentes de tránsito, protegiendo de manera directa la integridad física de los usuarios de la vía pública.
De igual forma, el marco normativo propuesto delimita criterios claros de velocidad y circulación para evitar conflictos viales. La reforma permitirá distinguir con precisión los vehículos aptos para transitar en ciclovías de aquellos que, debido a su mayor potencia, deberán compartir carril con el transporte motorizado, contemplando además la aplicación de sanciones económicas para quienes incumplan con estas disposiciones.
La iniciativa con Proyecto de Decreto quedó reservada para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.
