Trabajadores del Sistema de
Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO) rechazan el decreto al considerar que atenta contra sus derechos laborales y representa un retroceso en los derechos laborales adquiridos.
PRONUNCIAMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
PRESIDENTA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. SALOMÓN JARA CRUZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Las y los trabajadores de las Universidades que habían conformado el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca (SUNEO), manifestamos públicamente nuestra inconformidad respecto a la incertidumbre laboral que se está suscitando a partir del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Oaxaca con fecha del 29 de
agosto de 2025, que modifica el Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), Universidad del Mar (UMAR), Universidad del Istmo (UNISTMO), Universidad del Papaloapan (UNPA), Universidad de la Sierra Sur (UNSIS), Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ), Universidad de la Cañada (UNCA), Universidad de la Costa (UNCOS) y la Universidad de Chalcatongo (UNICHA).
Exposición de motivos
Estos decretos generan una incertidumbre laboral, representan y presuponen un
retroceso en los derechos adquiridos y vulneran la seguridad jurídica y la estabilidad de
quienes, como servidoras y servidores públicos, dedicamos nuestro esfuerzo diario a la
educación pública superior en beneficio del desarrollo de Oaxaca y de México.
Las modificaciones se realizaron sin consulta previa, libre e informada a las
comunidades universitarias, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 3° constitucional
y en la Ley General de Educación Superior. Además, el decreto otorga facultades
ilimitadas a una Junta de Gobierno, eliminando órganos colegiados de decisión como los Consejos Académicos. Donde además no se cuenta con representación de los
trabajadores.
Nuestra postura se sustenta en el respeto irrenunciable a los derechos laborales
consagrados en el Artículo 123 de la Constitución Federal y en Tratados Internacionales
ratificados por México, como los Convenios 98 y 154 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). Asimismo, apelamos al principio de Irretroactividad de la Ley
(Artículo 14 Constitucional) y al principio de Protección de la Confianza Legítima,
reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como pilares del Estado de
Derecho.
Repercusiones para las y los trabajadores
La imposición de este decreto genera desmotivación, incertidumbre laboral y
afectaciones económicas, lo que repercute directamente en la calidad educativa y la
estabilidad institucional, pues los derechos adquiridos no solo amparan la relación
laboral, sino que protegen la calidad de vida de los trabajadores y sus familias;
desconocerlos implicaría atentar contra la dignidad humana y la estabilidad social.
Asimismo, se limita la participación democrática y plural de docentes, trabajadores
administrativos, operativos y estudiantes, perpetuando prácticas autoritarias que
contradicen los principios de inclusión y equidad.
Manifestamos nuestro desacuerdo de manera firme a cualquier reforma que, en lugar de
fortalecer la educación pública, gratuita y de calidad, pretenda debilitar las capacidades
institucionales, vulnerar nuestros derechos adquiridos y excluir a la comunidad
universitaria de las decisiones fundamentales.
“Nos pronunciamos a favor de que toda
transformación institucional se construya con diálogo, participación democrática y
transparencia, no mediante imposiciones unilaterales”.
Pliego petitorio:
Ante estas acciones solicitamos al Gobierno del Estado de Oaxaca, con atención al
Gobierno de la República:
1. La revisión y modificación de los decretos emitidos, por parte de las áreas afectadas.
2. La garantía plena a los derechos laborales adquiridos,entendidos como expresión del
derecho natural y de la justicia social, así como a las capacidades institucionales de
decisión, patrimonio y gestión propios.
3. La instalación de un diálogo público, transparente y vinculante con las y los
trabajadores de las Universidades.
4. Modificar los alcances de la Junta de Gobierno, para darle poder de decisión a un
Consejo Académico en la toma de decisiones que garantice que la Junta de Gobierno no
se convierta en un instrumento patrimonialista ni de control político.
5. Planteamos que sean escuchadas nuestras opiniones, respaldadas por nuestro trabajo
diario y las contribuciones que hacemos hacia la educación superior.
6. La representación de las y los trabajadores en la toma de decisiones, para fomentar la
transparencia, la pluralidad y la representatividad.
7. Garantizar el derecho a recibir información clara y oportuna para participar en el
proceso de cambio, sin temor a represalias.
8. Conservar la figura de Profesor-Investigador de Tiempo Completo, pues constituye
una fortaleza fundamental para garantizar la calidad en la formación profesional y el
desarrollo de proyectos de investigación que impactan positivamente en el desarrollo
del estado de Oaxaca y de la nación mexicana. El proceso de enseñanza se fortalece con
la investigación científica, y esta labor requiere condiciones laborales estables y
estratégicas.
En este momento decisivo para el futuro de nuestras instituciones educativas, queremos
expresar, con convicción y firmeza, una postura clara frente a las decisiones que afectan
profundamente el tejido laboral, académico y humano de nuestras universidades.
No es posible construir justicia desde la exclusión, o avanzar hacia la equidad ignorando las
condiciones reales que enfrentamos día a día.
La comunidad de las distintas universidades estatales ha sido testigo —y muchas veces
víctima— de prácticas que perpetúan desigualdades, silencian voces críticas y simulan
avances que no responden a las necesidades concretas de quienes habitamos y
sostenemos estos espacios.
Instamos a rectificar cualquier decreto que, lejos de representar un cambio genuino, ignora las luchas históricas por condiciones laborales
dignas, por el reconocimiento al trabajo colectivo y por la inclusión efectiva de todas las
personas, sin distinción de género, origen o etnia, especialmente en una región tan vulnerable en estos aspectos, como la nuestra.
Más allá de manifestar nuestro desacuerdo con los decretos mencionados, proponemos
abrir caminos de diálogo verdadero de escucha y co-creación, donde todas las voces —especialmente las históricamente silenciadas, sean parte activa en la construcción de
políticas que reflejen la realidad diversa y compleja de nuestra comunidad con respeto
mutuo y la corresponsabilidad.
La transformación que anhelamos no se decreta: se cultiva desde abajo, con acciones concretas, con escucha profunda y con voluntad de sanar las heridas institucionales que aún persisten.
Las y los trabajadores universitarios reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública, crítica, plural, democrática y de calidad. El futuro de nuestras instituciones no puede construirse desde la exclusión ni desde la imposición, sino con el reconocimiento de la diversidad de voces y con la voluntad colectiva de fortalecer a nuestras universidades como motores de desarrollo regional y nacional.
En este sentido, varias de nuestras instituciones ya se encuentran alineadas al Marco
General y la Política Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
(PNEAES) a través del SEAES, y aquellas que aún no lo están, han iniciado procesos de
autoevaluación interna. Esto demuestra nuestro compromiso firme con la mejora
continua, la rendición de cuentas y la búsqueda de estándares de calidad que fortalezcan
nuestra misión académica.
ATENTAMENTE:
COALICIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DE:
Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM)
Universidad del Mar (UMAR)
Universidad del Istmo (UNISTMO)
Universidad del Papaloapan (UNPA)
Universidad de la Sierra Sur (UNSIS)
Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ)
Universidad de la Cañada (UNCA)
NOVAUNIVERSITAS, Universidad de la Costa (UNCOS)
Universidad de Chalcatongo (UNICHA).
